El vicepresidente le presentó un recurso al juez Lijo para que analice su evolución patrimonial desde el año en que llegó a dirigir Anses. El magistrado dispuso hacerlo a partir de 1997
Crédito foto: NA
Inmediatamente después de saber que el juez Ariel Lijo iba a ordenar un peritaje sobre sus bienes, el vicepresidente Amado Boudou pidió que acotaran el tiempo en el que se iba a investigar no sólo su crecimiento patrimonial sino también el de su entorno familiar y de negocios.
Boudou le solicitó a Lijo que restrinja el análisis del crecimiento patrimonial y que comience su análisis en 2008, cuando llegó a ocupar la titularidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social. En cambio el juez había determinado que los bienes de Boudou y de sus testaferros deben ser analizados desde 1997,
cuando ingresó en un cargo menor en el organismo que se encarga de las
jubilaciones. Boudou, por su parte, quiere que sea sometida al estudio
de los peritos sólo la etapa en la que estuvo al frente de Anses y luego
fue ministro de Economía para terminar como vicepresidente. Entre 1997 y
2008 ocupó otros cargos públicos estatales y municipales en el Partido
de la Costa.
El llamado que hizo Lijo para ordenar el
peritaje obligó a varios de los imputados en la causa por
enriquecimiento ilícito de Boudou a designar abogados. Varios de ellos
eligieron al mismo estudio que defiende al vicepresidente: el encabezado
por el ex número dos de la SIDE durante la Alianza Darío Ricahrte. Diego Pirota,
a cargo de la defensa del vice, fue quien presentó el recurso para que
se achique el período de tiempo del estudio de los bienes.
A partir de la imputación hecha por el fiscal Jorge di Lello,
la investigación sobre Boudou también abarcará a los padres del vice,
Amado Rubén y Azul Sapin Costa Álvarez, y Juan Bautista, uno de sus
hermanos. Se tiene que determinar si pueden justificar sus gastos y
adquisiciones realizados mientras el vice crecía en el kirchnerismo.
Agustina Kampfer, novia
del vicepresidente, también será investigada. Lo mismo se hará con uno
de los sospechados por la Justicia de haber recibido beneficios
económicos a partir de los cargos públicos de Boudou: José María Núñez Carmona, empresario, amigo, socio y testigo de casamiento del vice.
También entre las “personas interpuestas” (así se llama técnicamente a los testaferros) aparece Alejandro Vandenbroele,
el ex monotributista que presidió la sociedad The Old Fund, que se
quedó con la imprenta Ciccone Calcográfica. Boudou tiene abierto otro
expediente en la Justicia donde se investiga si intercedió –cuando era
ministro de Economía– para que la AFIP le diera a The Old Fund un plan
de pagos ventajoso para levantar la deuda fiscal de Ciccone.
En el peritaje están incluidos también socios de las empresas vinculadas a Boudou: Juan Carlos “Sordo” López, Sandra Viviana Rizzo y Pablo Pellet Lastra. Los últimos dos integrantes de la lista de investigados son Fabián Carosso Donatiello y su padre Hugo Nicolás Carosso,
dirigente del radicalismo santafesino. Fabián Carosso Donatiello es
teóricamente quien alquilaba el departamento propiedad del
vicepresidente en Puerto Madero donde residió Vandenbroele. Tanto Boudou
como Vandenbroele niegan conocerse.
Lijo tiene que decidir si hace lugar al
pedido de Boudou para achicar el período investigado. Si Lijo reafirmara
lo establecido cuando dio inicio al peritaje, Boudou apelará y será la
Cámara Federal la que decida quién tiene razón. Si Boudou, que quiere
que el peritaje sea solo de los últimos cinco años, o el juez, quien
sostiene que el vicepresidente debe dar explicaciones más amplias sobre
el modo en que hizo su fortuna.
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