domingo, 8 de septiembre de 2013

El Gobierno endurece su política de seguridad en un intento por recuperar los votos perdidos

La derrota en las PASO y la ampliación de la ventaja de Massa sobre Insaurralde a 49 días de las elecciones, obligó al oficialismo a reconocer, por primera vez, el problema de la inseguridad y anunciar, en tiempo récord, varias medidas para combatir este flagelo

A menos de dos meses de que se lleven a cabo las elecciones legislativas de octubre y tras la derrota en la PASO en los principales distritos del país, el gobierno nacional, aparentemente, cambió su estrategia de campaña y dispuso una serie de medidas para fortalecer la lucha contra la inseguridad, uno de los principales reclamos de gran parte de los electores y del cual hizo oídos sordos durante mucho tiempo.
Estrategia o no, lo cierto es que el kirchnerismo en menos de 10 días endureció su política de seguridad y decidió, desde enviar más efectivos de Gendarmería al Gran Buenos Aires, hasta proponer bajar la edad de imputabilidad. Esta nueva postura parece marcar un cambio de política del oficialismo, que en las elecciones primarias perdió contra Sergio Massa, cuyo eje de campaña, es justamente la pelea contra la inseguridad.
Pese al notorio cambio, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, defendió las nuevas disposiciones y dijo que no obedecían a ningún cambio dentro del oficialismo. "El que cambió no fue el Gobierno, fue el delito", argumentó el mandatario provincial, quien dijo que hará todo lo que hay que hacer, dentro del marco del Estado de Derecho para que haya una provincia más segura.
El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, negó un cambio en la política de seguridad y sostuvo que "se exige" que la Poder Judicial aplique la "mayor rigurosidad del Código Penal a la hora de detener delincuentes". "En muchísimos casos el problema es que el juez hace una interpretación muy liviana de la ley, pero la ley es clara, el Código Penal es claro. Lo que hay que hacer es utilizarlo y, a mi entender, con mucha más rigurosidad".
Más gendarmes e inclusión del Ejército
Y fue justamente el gobierno provincial, en conjunto con la Nación, quienes decidieron ordenar, la semana pasada, el envío de más de 4000 efectivos de Gendarmería al Conurbano bonaerense para reforzar la seguridad. La medida es un refuerzo del "Operativo Centinela", en el marco del plan nacional de seguridad. Se trata de una ampliación de los efectivos que trabajarán con la policía bonaerense.
La nueva disposición fue anunciada en un acto junto al ministro de Seguridad de la Nación, Arturo Puricelli, Berni y el hasta ese entonces ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Ricardo Casal.
En el acto, Puricelli destacó la política de seguridad a lo largo de los 10 años del kirchnerismo y dijo que esta medida hace parte del plan iniciado por Néstor Kirchner y continuado por la Presidente, en un intento por desligar la medida de la coyuntura electoral. "Ha sido desde entonces con el presidente Néstor Kirchner y después con Cristina, quienes decidieron poner estos recursos para combatir el delito y palear el flagelo de la inseguridad", expresó.
Al respecto, el ministro aclaró que el envío de los más de 4 mil gendarmes al Conurbano no afectaría la custodia en las fronteras del país. Sin embargo, horas después, desde el Ministerio de Defensa ordenaron, precisamente, el traslado de 4.500 soldados a las fronteras, con el objetivo de liberar gendarmes para que se dirigieran al GBA. Según explicaron el objetivo es brindar "apoyo técnico" a las fuerzas policiales en la lucha contra el delito. De esta manera, se consumaba otro cambio en la política de seguridad, al incluir al ejército en la lucha contra el delito.
Dos Ministerios... otra vez
Algunos días después, y como parte del endurecimiento en la política de seguridad, el gobernador Scioli decidió el desdoblamiento del Ministerio de Seguridad y Justicia. En la cartera judicial mantuvo a Ricardo Casal y nombró a Alejandro Granados, intendente de Ezeiza, como nuevo titular de Seguridad en la provincia.
Granados es un peronista histórico de Ezeiza que va por su quinto mandato como intendente de ese partido. En los últimos comicios, en 2011, superó el 66% de los votos. De esta manera, Scioli dio marcha atrás con lo decidido en 2010, cuando las carteras estaban divididas. Es un funcionario considerado afín a la "mano dura", por lo que recibió críticas de varios sectores. En 1999 frustró un asalto en su casa a los tiros de forma tal que causó desagrado en sectores de pensamiento progresista y de izquierda.
En aquella oportunidad, tres delincuentes intentaron robar su lujosa estancia en La Celia, su propiedad de Tristán Suárez. Cuando ingresaron a su casa, el flamante ministro de Scioli los recibió con varios disparos y frustró el ilícito.
"En momentos de emoción violenta, cuando amenazan a un hijo, las reacciones pueden ser de todo tipo", justificó Scioli.
"Tenemos que poner mano dura: o caía muerto yo o caían muertos ellos", definía en ese momento el intendente Granados. En otro de sus textuales, aseguraba que se "estaba en una guerra con ellos (los delincuentes) y la guerra hay que librarla: a matar o morir".
Una vez designado, Granados aseguró que en cuanto asuma en el cargo buscará  "rápidamente poner a la Policía en total estado de alerta y movilización" y anticipó que la clave será "patrullar las 24 horas" y "miles de cámaras de seguridad". Afirmó que va a "replicar todo lo que se hizo en Ezeiza en estos últimos doce años, tratar de trasladarlo a la Provincia". Sobre la cantidad de efectivos que patrullan sostuvo: "Son 58 mil hombres insuficientes, porque por el tamaño de la provincia y los habitantes deberían ser 100 mil los policías.
Baja en la edad de imputabilidad
El mismo día del anuncio de Scioli, el candidato kirchnerista a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, admitió que quiere bajar la edad de imputabilidad de los menores y que ya trabaja en un proyecto para debatir en la Cámara de Diputados. "Lo estamos tratando con un equipo de candidatos y abogados; estamos armando esa agenda legislativa tanto con el tema de los menores como lo que tiene que ver con el desarme", anunció durante una recorrida por San Martín.
De esta manera, el intendente de Lomas de Zamora salió a recuperar aquel proyecto que cayó en saco roto por la parálisis del mismo oficialismo en el Congreso.
En enero de 2011, año de elecciones presidenciales, Cristina Kirchner llegaba de una gira por Medio Oriente mientras en el país se comentaba la muerte de una persona en La Plata a manos de un delincuente de 15 años.
"Los 18 años de mis tiempos no son igual que los de ahora y los de 14 años, tampoco", reflexionó la Presidente y recordó que tiempo atrás el mismo espacio político impulsó una reducción de la mayoría de edad, que pasó de 21 a 18 años.
La media sanción del Senado obtenida en 2009 perdió estado parlamentario debido a que el bloque de diputados kirchneristas conducido por Agustín Rossi hizo caso omiso al pedido presidencial.
"Discutir si 14 o 16 es desviar el problema. Es algo que va a resolver el Parlamento: será 14, o será 16... Lo importante es que la edad no es una política de seguridad, sino una adecuación de los tiempos", había dicho la Presidente.
Rápidamente, Berni salió a respaldar la iniciativa y dijo: "Creo que es una medida más. Aquellos que estamos en la calle vemos que en casi todos los delitos están involucrados los menores y nos encontramos que son todos reincidentes por la facilidad que son entregados a sus padres".
Desde la oposición no se hicieron esperar las críticas. El primero en reaccionar fue el diputado denarvaísta y candidato a renovar su banca por la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari. "El kirchnerismo está débil tras la derrota en las PASO, por eso ahora se apropia de proyectos de la oposición", afirmó. Después, el propio De Narváez insistió en la necesidad de "bajar la edad de imputabilidad de los menores" hasta los 14 años y le envió a Insaurralde el proyecto de ley que presentó al respecto en 2012.
Retorno de los policías retirados y más efectivos en las calles
La semana pasada, Daniel Scioli anunció que convocará a policías retirados para poder destinar al trabajo en la vía pública a quienes hoy están en tareas administrativas.
Dentro del plan dispuesto en materia de seguridad, figura la instalación de comisarías móviles "para ponerlas en los lugares donde se necesita acercar el servicio de prevención y seguridad de los barrios", explicó Scioli, quien reiteró el pedido a la Justicia para "limitar excarcelaciones de los reincidentes que con el uso de armas están generando situaciones trágicas".
Sobre la presencia de más policía en las calles, Scioli prometió que habrá más de 6000 efectivos por año. Cuestionamientos de la oposición
Cuestionamientos de la oposición (y sorpresivamente, algunos a favor)
El viraje del Gobierno hacia la “mano dura” en materia de seguridad, despertó las críticas por parte de la oposición.
"Granados no tiene la experiencia ni la profesionalidad para encarar el manejo policial. Su designación me sorprendió mucho", dijo el massista, Felipe Solá.
"Lamentablemente, Scioli y el Frente para la Victoria han perdido el rumbo. Están a la deriva total en un tema tan grave, complejo y sensible como la seguridad. Es una vergüenza que se juegue con los bonaerenses como se está jugando con decisiones de este tipo", criticó Margarita Stolbizer, primera candidata a diputada nacional por el Frente Progresista Cívico y Social bonaerense.
Ricardo Alfonsín, quien acompaña a Stolbizer en la lista para diputados, dijo estar “preocupado” porque "con políticas de seguridad y conducción policial inspiradas en esas ideas, temo que en adelante, además de tener miedo a los malos, empecemos también a tener miedo de los buenos". 
El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, dijo que con esta medida "está claro que el gobierno provincial intentó darle una respuesta electoralista a esta problemática".
Para sorpresa de muchos, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, calificó como positivos los cambios en materia de seguridad adoptados por La Nación y la Provincia. "Es bueno que asuman que la políticas han fallado y que hay que corregirlas, me parece muy bueno", sostuvo Macri, e insistió en que hay que "invertir en las fuerzas de seguridad".
Por su parte, Francisco De Narváez, que acusó al oficialismo de querer apropiarse de su proyecto de bajar la imputabilidad, destacó el desdoblamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad. "Mientras que no termine en un cambio de nombres y nada más, bienvenido", afirmó el diputado. 
La nueva estrategia electoral se puso en marcha y sólo sabremos si esta nueva política se seguridad obedece al momento que se vive o hace parte de un plan a largo plazo. Por lo pronto, un sondeo realizado por Infobae, le da a Massa, principal referente de la oposición, una ventaja de 14 puntos sobre el candidato oficialista, Martín Insaurralde.