Se iniciaron 736 causas por corrupción en 18 meses pero los juicios no llegan

Se presentan centenares de denuncias todos los años. Pero las condenas son ínfimas.

Se acerca el final del juicio por los sobornos en el Senado durante el gobierno de la Alianza y la posibilidad de la absolución de los acusados se instaló en los tribunales federales. Jueces, fiscales, denunciantes y abogados sospechan que el ex presidente Fernando De La Rúa, el ex titular de la SIDE Fernando de Santibañes, entre otros funcionarios y ex senadores, quedarán libres de culpa y cargo.
Este caso es el único de los grandes escándalos de corrupción que cuenta con el testimonio de un arrepentido, Mario Pontaquarto, que ayudó al fiscal Federico Delgado y al juez Daniel Rafecas a reconstruir con sumo detalle cómo habría sido el pago de coimas para la aprobación de la ley de flexibilización laboral.
Esta semana, el Tribunal Oral Federal número 3, integrado por Miguel Pons, Guillermo Larrambebere y Guillermo Gordo, hizo crecer los rumores cuando tomó una decisión para muchos inexplicable. En 2011, los mismos jueces habían aprobado que la ex esposa de Pontaquarto declarara como testigo. Silvana Costalonga es clave en la causa. Es la única que declaró que vio los 5 millones de pesos que Pontaquarto escondió en su casa durante una semana mientras esperaba el momento de ejecutar el pago a los senadores peronistas. Ahora, el tribunal dio un grio de 180 grados y le prohibió declarar.
Si bien la Justicia federal tiene en su haber sólo siete juicios orales a altos ex funcionarios, varias otras causas fueron elevadas a juicio pero desde hace años están en la lista de espera. De los seis ex altos funcionarios juzgados uno tuvo la suerte de que su juicio se anulara (Ricardo Jaime por dádivas); de Alberto Kohan terminó absuelto por presunto enriquecimiento ilícito; María Julia Alsogaray fue condenada dos veces y absuelta en otro proceso; Felisa Miceli fue condenada por la “bolsa de dinero”; Carlos Menem fue absuelto hasta que tres jueces de la Casación revertieron la sentencia y lo condenaron. De la Rúa y compañía sabrán a fin de año su destino. El juicio termina en un mes.
El panorama en la Justicia es desalentador. Las estadísticas oficiales de 2012 no fueron públicas por el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, PERFIL pudo establecer que en el último año y medio se iniciaron 736 causas por presuntos delitos contra la administración pública, uno de los grupos de delitos que engloba la mayor parte de los hechos de corrupción. Esa es la cifra que arroja Fiscalnet, que utilizan los fiscales para ingresar al sistema informático judicial todas las causas que se inician.
Esas causas se tramitan o tramitaron en el fuero federal, donde la mayoría de los expedientes son por delitos relacionados con drogas. Además, muchas de las causas son archivadas o cerradas por inexistencia de delito, ya que son presentadas por “denunciantes crónicos”, como se los conoce en Tribunales. Otras muchas, son investigadas.
Según el sistema fiscal, en lo que va de 2013 se iniciaron al menos 286 causas por presunta corrupción, más de la mitad de las que se presentaron durante 2012. El año pasado había cargadas al sistema unas 450 causas iniciadas. La pila de denuncias por presunta corrupción que ingresan cada año se van a acumulando a las pre-existentes.
En 2011, la Magistratura publicó que habían ingresado a los 12 juzgados federales 789 causas por delitos contra la administración pública. Es apenas el 5% del total de causas iniciadas en el fuero penal, pero implican la investigación de delitos complejos. Ese año, llegaron a acumularse 1.727 causas contra la administración pública, el 15% de las que se tramitaron por drogas.
Por los casos de corrupción, en 2011 hubo un solo detenido. Más de 300 causas fueron desestimadas, 27 se elevaron a juicio. Sólo dos sentencias definitivas. Las cifras de 2010, 2009 son similares. En 2007 y 2008, ingresaron menos denuncias por corrupción: entre 500 y 580.